El pasado lunes, 35 trabajadores de la mina de carbón Santa Ana, en la zona de Curanilahue, decidieron ingresar al yacimiento y encerrarse a 390 metros de profundidad para protestar por lo que ellos consideran un incumplimiento de los compromisos que el Estado había asumido con ellos en agosto del año pasado, cuando se movilizaron para reclamar por el no pago de sus remuneraciones y el abandono del yacimiento por parte de sus dueños.

El Secretario Regional Ministerial del Trabajo de Bío-Bío ha señalado que los compromisos se han ido cumpliendo pero señala su voluntad de conversar.

¿De qué compromisos estamos hablando? pensiones asistenciales, pago de cuentas de servicios básicos, beneficios universitarios para sus hijos, entre otros. Al día de hoy, es un conflicto entre los trabajadores y el Estado. Sin embargo, en un principio no fue así.

La mina Santa Ana de Curanilahue fue un proyecto de extracción de carbón perteneciente a Rodrigo Danús (conocido por sus inversiones en programas de farándula como SQP) y Paul Fontaine, economista. Ambos socios en proyectos que buscaban desarrollar producción de electricidad mediante centrales termoeléctricas a carbón. Ambos también, por cierto, estrechamente vinculados a la primera campaña presidencial de Marcos Enríquez Ominami, que puso en el centro de su propuesta energética el rechazo al proyecto hidroeléctrico Hidro-Aysén.

Fontaine y Danús desarrollaron Santa Ana como una fuente de carbón para un proyecto de central termoeléctrica que tenían proyectado instalar en Laraquete, la Central Pirquenes.

El rechazo de parte de las autoridades ambientales al proyecto Pirquenes en 2013 dejó a Santa Ana en una situación compleja, que se fue agravando hasta llegar a los incumplimientos en materia de pagos de sueldos y cotizaciones previsionales que gatillaron la movilización de agosto de 2015.

En dicha movilización, la principal dificultad fue establecer una contraparte empleadora.Danús y Fontaine habían entregado su propiedad a Miguel Hernández, quién nunca compareció ante los trabajadores ni la autoridad y que era sindicado por los trabajadores y por los propios parlamentarios de la zona como un “palo blanco” instalado por Danús para eludir sus responsabilidades en la administración del yacimiento.

Fue el Estado, es decir todos nosotros, quién debió asumir la responsabilidad de articular y financiar un acuerdo que permitiese a los trabajadores enfrentar la situación de desesperación que vivían.

Si se desea buscar un antecedente no muy lejano y de mayor dramatismo, algo similar ocurrió en el accidente de la Mina San José en Atacama el 5 de agosto de 2010, cuando 33 mineros quedaron encerrados tras un derrumbe producto de las penosas condiciones de mantención en las cuáles operaban. Tras el derrumbe, el Estado desarrolló una compleja acción de rescate, liderada por el Ingeniero de CODELCO André Sougarret, que permitió rescatar con vida a los trabajadores y luego, implementó progresivamente pensiones vitalicias para ellos.

En el caso del conflicto que hoy sacude Curanilahue, el Estado asumió un compromiso con los trabajadores y debe cumplirlo. Dialogar con los trabajadores movilizados para reencauzar el proceso, es imperativo para las autoridades.

Sin embargo, esto no puede llevarnos a evitar una reflexión más de fondo, respecto de empresarios que una vez que sus proyectos sufren dificultades, por razones completamente ajenas a los trabajadores, abandonan la empresa y a quienes en ella laboran a su suerte, modifican la figura jurídica y se van con sus dineros a otra parte.

El empleador adquiere responsabilidades y obligaciones frente al trabajador por el sólo hecho de beneficiarse de su fuerza de trabajo. El trabajar es razón suficiente para recibir las compensaciones pactadas. No puede pretender el empresario, traspasar al trabajador el riesgo del proyecto al punto de abandonar sus obligaciones cuando este vive dificultades. No solo porque es inmoral, sino porque el trabajador no tiene la posibilidad de negarse a trabajar cuando las condiciones no son las adecuadas, sin ser despedido por ello.

Es por ello que fortalecer la capacidad de acción colectiva de los trabajadores es fundamental, como herramienta para reducir la asimetría entre empleador y trabajador y evitar que sea siempre el Estado el que asume la crisis y el empleador el que recoge las ganancias.

Un sindicato fuerte y poderoso contribuye sin duda a evitar que empresarios inescrupulosos operen durante meses en una situación como la que se experimentó en Santa Ana hasta que sus trabajadores decidieron ponerle coto en agosto de 2015. Ese debiese ser un objetivo de la reforma laboral que hoy se tramita en el Senado, entregar más herramientas para que los trabajadores y trabajadoras puedan defender sus propios derechos. Lamentablemente, algunos de nuestros legisladores, incluyendo a muchos de quienes prometieron actuar en tal sentido, han hecho todo lo posible por que esto no sea así.

Mientras tanto, los dueños de la Mina Santa Ana miran cómodamente por televisión como los trabajadores encerrados bajo tierra reclaman al Estado soluciones a la situación que ellos generaron. ( Felipe Ossandón Cooperativa)