En medio de las indagatorias que se están realizando por el caso del fraude cometido al interior del Ejército con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, en el Congreso se ha reabierto durante los últimos días el debate en torno a la necesidad de modificar esta legislación.
La norma, que se creó en 1958 y que luego fue modificada por el régimen de Augusto Pinochet, establece una fórmula que obliga a Codelco a destinar el 10% de sus ventas anuales a las Fuerzas Armadas, como una manera de financiar adquisiciones de armamento. En la práctica, las instituciones castrenses no requieren de la autorización del Congreso para acceder a recursos fiscales, a diferencia de otros organismos del Estado.
Este ha sido, entre otros factores, uno de los motivos que han generado cuestionamientos como los realizados por el consejo anticorrupción liderado por Eduardo Engel, que en su informe final -publicado hace un año- estableció que el uso de los dineros provenientes de esta ley “no es transparente y en la práctica existe poco control sobre estos fondos”, y que estos “no están asociados a una política nacional de defensa, lo cual favorece la discrecionalidad, opacidad e ineficiencia en su utilización”.
Ante esto, el martes 3, la Comisión de Defensa de la Cámara aprobó, por ocho votos contra cuatro, un proyecto presentado por un grupo de diputados encabezados por Jaime Pilowsky (DC), que pide hacer pública la ley. “Esto representa un primer paso para modificar el sistema de financiamiento de las FF.AA. La Ley Reservada del Cobre debe ser derogada, estableciendo un nuevo mecanismo que permita la adecuada planificación de la defensa nacional, con sistemas de control a través de la Contraloría y el Congreso”, afirma el legislador.
Reactivar el proyecto
Para lo anterior, Pilowsky, al igual que otros parlamentarios integrantes de las comisiones de Defensa de ambas cámaras, proponen reactivar -introduciendo indicaciones- un proyecto de reforma al financiamiento de las Fuerzas Armadas que actualmente duerme en el Senado.
Se trata de una iniciativa enviada en mayo de 2011, durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera.
Por esos días, el entonces ministro de Defensa, Andrés Allamand -hoy senador de RN-, elaboró una reforma que establecía un sistema de presupuestos plurianuales para las FF.AA., y que le otorgaba al Congreso la posibilidad de definir un financiamiento con un horizonte de cuatro años.
Además, la iniciativa garantizaba un piso de recursos anuales para las instituciones militares, y creaba un nuevo fondo especial de contingencia, que podría ser usado en casos de amenazas a la seguridad nacional.
Dicha reforma fue aprobada en la Cámara tras un acuerdo entre Allamand y los entonces diputados Jorge Burgos (DC) y Patricio Hales (PPD). Sin embargo, luego de esto su tramitación se estancó en el Senado, y no registra movimientos desde marzo de 2013.
Si bien en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se plantean modificaciones al sistema de financiamiento de las FF.AA., y se asegura que “se enviará una indicación sustitutiva al Congreso Nacional respecto del proyecto de ley que deroga la ley reservada del Cobre”, esto no ha ocurrido.
De hecho, el miércoles 4 el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, afirmó que “hemos estado trabajando en ese proyecto, pero no está dentro de la lista de los temas prioritarios en los que queremos avanzar en el corto plazo”, lo que causó molestia entre los parlamentarios. Ayer, el titular de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, reiteró esta postura.
“Nosotros ya aprobamos una reforma en 2012, y extrañamente el Senado ha dejado pasar cuatro años, y más extrañas aún son las declaraciones del ministro de Hacienda, quien dice que esto no tiene ninguna prioridad, entonces francamente yo no entiendo la posición del gobierno”, afirma el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, Jorge Tarud (PPD).
Desde el Senado, en tanto, el senador Pedro Araya (ind.-DC) afirma que, “esperamos que el gobierno impulse el proyecto de ley que está hoy en la Comisión de Defensa del Senado, y que no ha sido tramitado a la espera de que el gobierno tome algunas definiciones en esa materia”, mientras que su par Víctor Pérez (UDI) afirma que “el proyecto del Presidente Piñera establecía modernizaciones importantes y aquí se ha perdido un tiempo valioso. Creo que el gobierno debiera reflotar este proyecto”.
Sin embargo, algunos parlamentarios plantean que dicho proyecto debe ser modificado. Es el caso del diputado Marcelo Schilling, quien plantea que “estoy por la derogación de la Ley del Cobre, pero si se quiere seguir con el proyecto que actualmente está en el Senado, se debe hacer una indicación sustitutiva global, porque es peor que el actual”.
Por su parte, Allamand -autor de la iniciativa- señala que “inexplicablemente el gobierno anterior suspendió la tramitación y el actual inexplicablemente tampoco la ha reanudado. Han pasado cuatro años sin avance en un tema fundamental, y es urgente avanzar”.(La Tercera)