“La visión de una industria minera pujante no pasa por la abundancia de reservas en el mapa metalogénico que tiene el país. Pasa porque esas reservas sólo se van a transformar en riqueza si se explotan, y para hacerlo, necesitamos la fortaleza institucional de definir una política de desarrollo minero de largo plazo, que dé garantías, defina derechos y otorgue deberes”.
Por Ramón Rada Jaman, Gerente General de Dust A Side y director del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (IIMCH)
Chile como destino minero y de inversión está cada vez menos atractivo. Observamos señales preocupantes con una cartera de inversión minera proyectada a 10 años reducida en torno al 50%, pasando de US$ 104 mil millones a US$ 54 mil millones en solo dos años, con inversión en exploración que cayó 28% en 2014 y 12% en 2015. Claramente los argumentos y ventajas que Chile ostentaba hace unos años atrás, son hoy recuerdos anecdóticos, al ver que en los últimos doce meses la industria perdió 40.700 empleos.
En la actualidad, el entorno económico global se muestra adverso, por lo que las empresas racionalizan la asignación de recursos e intervienen la cadena de valor donde más negativamente afecta al modelo de negocios y es justamente ahí donde radica el problema.
En Chile se observa que la estructura de desarrollo de la industria minera se sustenta sobre las iniciativas meramente empresariales, sin que se observe una política de desarrollo minero de soporte. No hay incentivos para que las empresas exploren y garanticen leyes altas en el largo plazo, no existen exenciones tributarias o subsidios a los emprendimientos de alto riesgo. Estructura de apoyo de desarrollo de áreas extremas o una política de fomento más allá de la sustentación. Un ejemplo claro es la falta de institucionalidad de soporte para la pequeña y mediana minería.
Erróneamente se cree que la minería se auto sustenta. El desarrollo de una industria requiere de un trabajo colectivo, público y privado, con enfoque regional y por escala de producción sectorial donde se reconozca el aporte y el valor de la grande, mediana y pequeña minería a sus respectivos desarrollos regionales. Para Chile es estratégica una nueva mirada hacia la minería con una política de intervención vertical en el sector más importante y de mayor ventaja comparativa.
La visión de una industria minera pujante no pasa por la abundancia de reservas en el mapa metalogénico que tiene el país. Pasa porque esas reservas sólo se van a transformar en riqueza si se explotan, y para hacerlo, necesitamos la fortaleza institucional de definir una política de desarrollo minero de largo plazo, que dé garantías, defina derechos y otorgue deberes. Una política implacable con la fiscalización, pero con reglas claras y marco normativo consecuente y vinculante, que por ejemplo permita liberar las propiedades mineras sin explotación, activar la exploración cuando ésta se vea desmejorada, definir incentivos para innovar en investigación y desarrollo productivo, así como reconocer y promover las mejores prácticas de sustentabilidad ambiental y desarrollo comunitario. Simplemente acceder a los mismos incentivos que tienen otras industrias.
Y en el ámbito de la sustentabilidad debemos ser un poco más optimistas y ambiciosos de lo que viene. Es necesario pensar en un modelo integral. Lo que más cuesta a los proveedores de la minería es que se les considere como un eslabón de la cadena de valor. Hay que cambiar la idea de gasto en subcontrato y pensar más en la inversión con colaboradores que permiten ganar mayor productividad. Ponderar las externalidades positivas que ese servicio aporta es la piedra angular para una relación de largo plazo.
Falta una política minera que instale de buena manera el rol del Estado y de las instituciones en el desarrollo de la minería y, en su justa medida, la participación de los profesionales, trabajadores y las comunidades como actores relevantes para que el Estado conjuntamente con las empresas, permitan al mundo levantar las miradas nuevamente hacia nuestro país y ver un verdadero país minero.