Por resolución del 26 de mayo, el Juzgado de Letras y Garantía de Andacollo concedió una prórroga de 30 días hábiles de la protección financiera concursal a la Compañía Minera Dayton, la cual se encuentra desde abril pasado sometida a un procedimiento judicial de reorganización que le permita resolver su angustiosa situación financiera.
Como consecuencia, según el documento firmado por la jueza titular Carla Rigotti Alcayaga, “se fija nuevo día y hora para la junta de acreedores para el martes 12 de julio del año 2016 a las 10:00 horas”. El evento se efectuará en la sede del propio tribunal.
La prórroga fue concedida luego que la firma consiguiera el acuerdo de cuatro de sus principales acreedores, los cuales representan el 31% de sus pasivos: la Tesorería General de la República (15,2%), Banco Security (12,9%), Flex Servicio y Logística Ltda. (1,6%) y Sociedad de Inversiones Las Vegas Ltda.(1,3%). Lo anterior por cuanto la Ley 20.720, que ordena el procedimiento de reorganización y liquidación de empresas y personas, dispone que un deudor puede obtener hasta dos postergaciones de la reunión, cada una por 30 días hábiles, debiendo contar para la primera con el apoyo de los reclamantes que no sean al menos el 30% de las acreencias acreditadas ante el tribunal, y para la segunda, el 50%.En la práctica, este dictamen permite a Dayton contar con más tiempo para lograr un acuerdo con los acreedores en torno al mecanismo que le posibilite pagar sus deudas.
La coordinadora regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), Marcela Poblete, explicó que durante la vigencia de la protección financiera concursal una empresa en insolvencia no puede ser objeto de cobro de pasivos. “La ley entiende que el primer plazo que se otorga es de 30 días, pero que podrían ser insuficientes (para consensuar un acuerdo); por lo tanto, le da al deudor la posibilidad de pedir una prórroga, que tiene que ser apoyada por los acreedores”, indica.
La personera precisó que no es posible a esta fecha determinar exactamente qué entidades y personas podrán participar en la junta de acreedores, con una cuota suficiente de relevancia como para influir decisivamente en la aceptación o rechazo del acuerdo, cuestión que está directamente vinculada con el porcentaje de acreencias que cada una posea.En relación con esto último, al día siguiente que el juzgado concediera la prórroga, el veedor del proceso,Patricio Jamarne Banduc, le remitió un informe con 20 objeciones contra la nómina de créditos verificados (estoes, el listado de deudas acreditadas ante el tribunal por parte de los demandantes).
Uno de los acreedores cuestionados es Inversiones Paz S.A., empresa que a inicios de abril solicitó la liquidación forzosa de la minera, acción con la cual salió a la luz pública el complejo estado financiero de la misma.
En nota publicada el 1 de junio por Diario La Región se informó que las obligaciones comerciales de la minera andacollina suman más de $24.000 millones, mientras que sus activos alcanzan a $21 mil 746 millones, incluyendo depósitos en nueve bancos por un total de $1.734 millones. Además, la compañía tiene $12.144 millones en inventarios mineros. “Sobre esos activos los acreedores de la minera, que suman más de 500, buscarán que la empresa pueda asumir el compromiso de cumplir con sus obligaciones pendientes”, indica.
( Fuente Semanario Tiempo)