Finalmente, la semana pasada el gobierno cerró el debate laboral con la tramitación del veto en el Congreso, desechando el envío de una ley corta o de una reforma constitucional que repusiera la titularidad sindical derribada en mayo por el Tribunal Constitucional.
Anticipándose a la jugada, un grupo de sindicatos locales que forman parte de la Federación Sindical Mundial (FSM) decidió tomar acciones concretas e interpuso una queja ante la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza. La presentación fue realizada en el marco de la 105ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo que se celebró entre el 30 de mayo y el 10 de junio.
Quien encabezó la ofensiva fue José Ortiz, dirigente histórico de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y ex secretario general de la multisindical bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Pero esta vez no lo hizo al alero de la Central, sino que como vicepresidente y coordinador en Chile de la FSM, institución fundada en octubre de 1945 que reúne a organizaciones sindicales de todo el mundo. El encargado de presentar la queja formal por incumplimientos de Chile en la aplicación de los convenios suscritos fue el secretario general adjunto de Perú, Valentín Pacho.
El reclamo, de 546 páginas, argumenta que el Estado chileno ha violado los convenios 87 sobre libertad sindical; 98 sobre derecho a negociación colectiva; 151 sobre relaciones de trabajo en la administración pública; 135 sobre protección de los representantes de los trabajadores; y 103 sobre protección de la maternidad. Y enumera 19 casos en los que, aseguran, se han vulnerado dichos acuerdos ratificados por el Parlamento; uno de ellos, es el fallo del Tribunal Constitucional sobre titularidad sindical para ejercer el derecho de negociación colectiva.
“Hubo mucha presión por parte de la autoridad para que retiráramos la demanda con la que buscamos que se constituya una comisión de investigación (…) pero después de dos años de diálogo con el gobierno, no nos quedó otra que recurrir a la OIT. Sé que algunos consideran que este es un camino largo, pero el gobierno tendrá que adecuar la normartiva si quiere zafar de esta reclamación. Porque la conferencia tomó nota y se cursó la queja. Eso significa que la OIT pedirá explicaciones al gobierno y esto afecta la imagen internacional de Chile”, asegura Ortiz.
Entre las delegaciones asistentes a la cita en Ginebra-que congrega a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados miembros- estaban la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la CUT.
El uso de este recurso como mecanismo de presión también fue evaluado por un sector del oficialismo y de la CUT. Pero, afirman en la multisindical, la opción se descartó debido a la posible reforma constitucional en materia laboral que buscó impulsar el gobierno, que luego quedó sin efecto.
El procedimiento
Posterior a su presentación, la queja debe ser admitida por el consejo de administración del organismo multilateral. “La queja debe justificar que el miembro no haya adoptado medidas para el cumplimiento satisfactorio de un convenio que haya ratificado”, explican en la OIT.
Sólo si eso se demuestra, se constituirá una “comisión de encuesta”, la mayor instancia de investigación dentro la entidad. En la historia de la OIT -desde 1919- sólo se han acordado 13 de estas comisiones, aunque el número de quejas interpuestas ha sido superior. Una de ellas correspondió a Chile en 1975 por vulneración a los Convenios 1 (sobre las horas de trabajo) y 111 (sobre la discriminación, empleo y ocupación).
Ortiz anticipa que la queja será analizada en la reunión que el consejo de administración celebrará en octubre. Si prospera, la OIT notificará al Estado chileno, que tendrá que responder, para luego dar paso a la comisión de encuesta. “Recién a comienzos o mediados del próximo año podríamos tener novedades”, prevé Ortiz.
La OIT señala que en caso de que un Estado miembro no dé cumplimiento dentro de un plazo a las recomendaciones que pudiere contener el informe de la comisión de encuesta, el consejo de administración recomendará -en una nueva Conferencia- las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento.( La Tercera )