Por Joaquín Villarino. Creemos que corresponde hacer un llamado a mirar a nuestro sector más al largo, que al corto plazo. Y eso requiere que las nuevas autoridades tengan en consideración que varias de las decisiones que se tomen serán claves para seguir siendo un país minero.
Hace pocos días conocimos las últimas proyecciones económicas para el sector minero en 2018. Desde la gran minería nos gustaría hacer algunas reflexiones en torno a éstas, así como en relación a lo que fue el año 2017.
En primer lugar, diremos que este año ha estado marcado por un importante quiebre de tendencia en la evolución del precio del cobre. Durante lo que va del segundo semestre ha mostrado un importante repunte, alcanzando a la fecha un promedio anual de US$2,74 la libra, valor que no veíamos desde el 2014. Si bien esto claramente es positivo, como Consejo Minero hacemos un llamado a ser cautos. Dada la volatilidad del precio y su condicionamiento a situaciones internacionales, especialmente China, no vemos que valores sobre los US$3 la libra sean representativos de una tendencia de largo plazo. Nuestras estimaciones están más cercanas a los US$ 2,7.
En relación a la producción del sector, es importante tener en cuenta que el 2016 produjimos 5,6 millones de toneladas de cobre y este año bajaremos a sólo 5,3 millones de toneladas, lo que representa una caída de aproximadamente un 4%. Si bien son positivas las proyecciones que muestran un incremento de un 6% en la producción en 2018, hay que tener en consideración que con esto sólo estaríamos volviendo al nivel que teníamos hace tres años, por lo que todavía nos queda mucho para alcanzar incrementos reales de producción.
Si bien lo que vislumbramos para el 2018 es de moderado optimismo, no debe olvidarse que el sector viene de un proceso de recuperación, luego de varios años complejos para la industria. En este sentido, seguimos teniendo muchos desafíos, algunos de los cuales se arrastran por un buen tiempo. Es así que creemos firmemente que, si bien el precio del cobre condiciona mucho el desarrollo de la minería en Chile, las políticas públicas en torno a la minería pueden cobrar una relevancia similar.
Hemos visto cambios o intentos de modificación en demasiadas áreas que tienen que ver con el sector minero. Se modificó el marco de inversión extranjera directa, se hicieron reformas laboral y tributaria, un proyecto de ley que pretende cambiar sustancialmente la regulación de las aguas sigue en discusión, y, ahora último surgió un proyecto de uso obligatorio de agua de mar en minería. Lo anterior, sólo por nombrar algunas iniciativas, porque existen por lo menos otros diez proyectos de ley que afectan de una u otra forma el desarrollo de la actividad minera, a los que se suman varias propuestas de los candidatos presidenciales.
Es inevitable que se genere incertidumbre ante discusiones tan relevantes como las anteriores. Incluso que se ralenticen las inversiones y se posterguen proyectos nuevos y expansiones. Por lo mismo es especialmente importante que el aparato público, tanto en la fiscalización como en la aplicación de la normativa, utilice con prudencia los espacios de discrecionalidad que existen. Lo que pasó con Dominga y las repercusiones que tuvo esa decisión son gustos que un país como Chile no se puede dar.
No podemos obviar que el próximo año tenemos además un calendario de negociaciones colectivas bastante abultado. Si bien esto es un asunto muy particular de cada empresa socia del Consejo Minero, a nivel general podemos vislumbrar aspectos de la nueva legislación que ya están generando complicaciones. En todo caso, nuestras empresas socias siguen trabajando muy activamente en construir relaciones laborales estables y con una mirada de largo plazo.
Como Consejo Minero tenemos claro que el trabajo en conjunto y a través de mesas colaborativas pueden lograr acuerdos en pos de la minería que queremos construir, y así hacer frente a los desafíos que tenemos por delante. Este año presentamos el documento “Más y mejor minería, entre todos y para todos”, donde dimos a conocer las instancias colaborativas en que hemos participado, y las propuestas que creemos se deben implementar en el nuevo período de gobierno. En éste se destacan, por ejemplo, Alianza Valor Minero, que plantea el desarrollo de una minería virtuosa, inclusiva y sostenible. También solicitamos considerar las recomendaciones entregadas por la Comisión Nacional de Productividad (CNP). En materia medioambiental, y habiendo sido parte de la Comisión Asesora Presidencial para la Modificación del SEIA, respaldamos las 25 recomendaciones que se entregaron a la Presidenta de la República para mejorar este sistema. En agua, como integrantes de la Iniciativa Agua y Medio Ambiente, se propuso fortalecer la institucionalidad pública del agua.
Otro ejemplo de trabajo colaborativo ha sido el Consejo de Competencias Mineras, que está cumpliendo un rol fundamental en la formación para el sector. Hoy es la experiencia líder que está siguiendo incluso la CPC para implementarla en otros sectores productivos.
Pronto a cerrar un 2017 con muchos desafíos por delante y preparándonos para un 2018 que viene con varios avances en materia minera, creemos que corresponde hacer un llamado a mirar a nuestro sector más al largo, que al corto plazo. Y eso requiere que las nuevas autoridades tengan en consideración que varias de las decisiones que se tomen serán claves para seguir siendo un país minero y por esa vía acercarnos al desarrollo.
*El autor es presidente ejecutivo del Consejo Minero.