Por Diego Hernández.
EXISTE consenso, entre todos los actores de la sociedad chilena, en la necesidad de reactivar los proyectos de inversión que, por alguna u otra razón, no se han materializado. Sin embargo, ello va más allá de una simple declaración de intenciones. Requiere la adopción de medidas que apunten en esa línea, particularmente la agilización de los permisos ambientales y la necesidad de otorgar certeza jurídica a los inversionistas.
La legislación minera, materia abordada incluso antes del nacimiento de la república, ha demostrado ser madura y ha ido evolucionando a la par con el desarrollo de la principal actividad productiva del país. En el caso de los permisos ambientales, materia en que se viene legislando desde hace pocos años, la normativa ha evidenciado muchas brechas y puntos débiles, que generan incertidumbre, y que hay que perfeccionar.
Es por esa razón que Sonami, como el principal gremio de la minería, ha promovido la necesidad de revisar la actual normativa ambiental, para que sea efectiva y permita el desarrollo de proyectos y la protección y cuidado del medioambiente, evitando la aplicación de criterios políticos y toma de decisiones discrecionales en las etapas finales de los procesos de obtención de permisos ambientales.
Los estándares ambientales han ido equiparándose a nivel internacional y el país no puede ni debe renunciar a liderar las mejores prácticas en materias de salud, seguridad, medioambiente y relaciones comunitarias.
En este sentido, se percibe como un aporte el reciente estudio del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional el que, si bien destaca la solidez de la institucionalidad minera, también pone énfasis en las vulnerabilidades y riesgos de corrupción en la obtención de permisos medio ambientales, en casos de conflictos de intereses, acciones de lobby indebidas, escasa capacidad estatal para generar conocimiento sobre el territorio y sus características, participación ciudadana insuficiente y presiones políticas que distorsionan una correcta evaluación de los proyectos, entre otras materias.
Por eso, debemos avanzar en la revisión de la regulación ambiental sin comprometer los objetivos a alcanzar. Se trata de hacerla más coherente, sencilla y global y establecer una regulación que considere un marco adecuado y propicio para la inversión.
El rico capital geológico de Chile ya no basta para atraer la inversión, por lo cual será necesario un “nuevo trato” entre el país y el inversionista, que se haga cargo de las necesidades de este, entre las que se cuentan reglas claras, transparentes y estables para invertir.( Pulso)