Suspendidas quedaron las tramitaciones ambientales de las solicitudes que Minera Escondida -de BHP- y Minera Zaldívar -perteneciente a Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic- presentaron ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Antofagasta. Esto, con el fin de lograr la extensión de los permisos de extracción de agua que poseen en la cuenca del Salar de Atacama y que caducarán en 2019 y 2025, respectivamente.

A través de un oficio, el SEA de Antofagasta informó a las compañías que la medida provisional de suspensión del procedimiento de evaluación ambiental -que tiene una vigencia de 30 días hábiles- se genera por un procedimiento de administración interpretativa, solicitado por la Comunidad Indígena Atacameña de Coyo y de la cual Escondida pidió hacerse parte.

Este sostiene que Minera Zaldívar tiene su permiso de extracción de agua vencido desde el 2015, lo que se diferencia de lo dicho por la compañía que, en el actual proceso, indicó que dicha autorización caduca a mediados de 2025.

Asimismo, el SEA explicó que la medida “busca salvaguardar de la mejor manera el procedimiento de evaluación del impacto” de cada una de las iniciativas, por lo que “no causará perjuicios de ninguna especie a los interesados, ni implicará una violación de derechos amparados por las leyes”.

En esa línea, explica que la evaluación de la solicitud de extensión del permiso de extracción de agua de Escondida también se suspende dado a que “ha sido tal la implicancia entre ambos proyectos (Monturaqui (Escondida) y Continuidad Operacional Minera Zaldívar), que esta Dirección Regional ha solicitado que durante los respectivos procedimientos de evaluación de impacto ambiental ambos proyectos consideren en su línea de base de recursos hídricos de agua del otro proyecto”.

Consultados, al respecto, desde Antofagasta Minerals señalaron que “la medida provisional adoptada por el SEA se encuentra dentro del marco legal de un proceso de evaluación de impacto ambiental”.

“Nos parece que es una decisión correcta, ya que se adoptó para salvaguardar la adecuada eficacia de la tramitación ambiental de los estudios presentados por Minera Escondida y Minera Zaldívar. En el caso de Zaldívar, esta resolución no genera impacto sobre la operación, ya que su proyecto comenzaría el 2023”, se añadió.

Por su lado, la Comunidad Indígena Atacameña de Coyo, apuntó que ha manifestado constantemente su preocupación por lo que ocurre en el Salar de Atacama, por lo que además de la acción solicitada al SEA, también realizarán una presentación respecto de la activación de los planes de alerta temprana de SQM y Albemarle.

“Mantenemos nuestra preocupación por la falta de acciones referentes a los resultados del informe del Comité de Minería No metálica de Corfo, que en su modelo conceptual determinó un desbalance del 21% respecto de las recargas versus las extracciones en el Salar de Atacama”, alertó.

Qué se pide

Cabe recordar que Escondida solicitó la extensión de la operación de extracción de aguas subterráneas por once años, en vista de que su actual permiso caduca en 2019. Así, según su estudio de impacto ambiental (EIA), pidió una tasa de extracción de agua que equivale al 46% de lo que posee actualmente y que implica 640 litros por segundo (l/s).

Minera Zaldívar, por su lado, cuenta con derechos de agua en el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo por 556,5 l/s, de los cuales extrae como máximo el 38%, es decir, hasta 212,75 l/s promedio anual. Ahora solicitó mantener la actual tasa efectiva de extracción desde mediados de 2025 hasta el 2029 y disminuirla a 30 l/s al 2031, tras lo cual aplicaría su plan de cierre si su petición es aceptada.

En la actualidad, las mineras no son las únicas que extraen el recurso vital del lugar. También lo hacen SQM y la norteamericana Albemarle, que producen, entre otras cosas, litio. Todo eso en un contexto en el cual hace pocos meses detectaron un déficit hídrico en la cuenca del salar, por lo que la conservación del balance del lugar mantiene la atención de todos los interesados.(eyn)