Conocer quiénes son los dueños de relaves abandonados, cuál es el volumen del que disponen y su destino, es en lo que se encuentra la iniciativa del gobierno que busca hacerse cargo de los depósitos mineros en Chile, uno de los principales desafíos que debe enfrentar esta industria.

Se trata de la Política Nacional de Relaves, un proyecto que nació en agosto del año pasado, tras la preocupación que genera la existencia de 740 depósitos en diez de las quince regiones de nuestro país. Esto, por su contenido de metales pesados, como arsénico, plomo, mercurio, sales de cianuro y por su eventual contaminación de aguas subterráneas, entre otros problemas que afectan, también, a las poblaciones aledañas a estos lugares.

Esta razón llevó a que la política busque subsanar sus daños a través de dos ejes de trabajo: para los relaves activos y los que se encuentran inactivos o abandonados, es decir, que no tienen un dueño y, por tanto, pasan a ser propiedad del fisco.

Para el caso de los relaves activos, el Ministerio de Minería, junto a los otros tres organismos que participan en la implementación (Sernageomin, Fundación Chile y Corporación Alta Ley) dispusieron el programa “Tranque”.

Para el caso de los relaves inactivos y abandonados, se implementará su monitoreo satelital, reprocesamiento, banco de ideas, dar la capacidad de nuevos usos a los residuos y un programa de compensación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). “Para los relaves en buenas condiciones, se buscará reprocesarlos, pero para los que no, se ingresarán al SEIA”, explicó el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas.

Desafíos de la iniciativa

Dar estabilidad física y química a los relaves y así tener una seguridad ambiental. Ese es el gran desafío que tiene la Política Nacional, la que ya comenzó a operar, pero que no tiene un plazo definido en cuanto a hitos. “En Chile, como en todos los países mineros, se van generando nuevos relaves, por eso no se pueden establecer plazos. Se debe seguir trabajando”, explicó la autoridad de gobierno.

Otro de los desafíos está en la aplicación de la modificación al Decreto Supremo 248 -que involucra la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos-, la que ahora obligará a las mineras a reportar la situación del relave en línea y en tiempo real.

Para José Antonio Valdivieso, ingeniero en minas e investigador de la Universidad del Desarrollo (UDD), otro desafío que tiene la política está relacionado con la percepción de las empresas. “Actualmente, la gente relaciona a las mineras con la contaminación ambiental. Con esto se verá un avance en cuanto a eso”, explica. Sin embargo, el experto hace énfasis en que no se puede saber una cifra exacta de cuánto contamina un relave, considerando que todos tienen distintas condiciones, pero que “tener un control sobre esto, sin duda disminuirá el impacto ambiental que actualmente tiene”.(LaTercera)