(Radio Nostálgica)Han transcurrido 213 días desde que el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de modernización tributaria. Siete meses y un día en que la tramitación de la iniciativa está entrampada en el parlamento por las diferencias entre el Gobierno y la oposición por los efectos recaudatorios de la iniciativa. ¿El principal obstáculo? Cómo compensar los US$ 833 millones que dejaría de recibir el fisco por la reintegración del sistema tributario que propone el Ejecutivo.
El pasado lunes, tras una serie de reuniones de carácter técnico y político que se iniciaron en enero de este año, el ministro de Hacienda Felipe Larraín presentó a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados una serie de propuestas con el objetivo de aprobar la idea de legislar el proyecto. Sin embargo, los parlamentarios de oposición que conforman la instancia definieron aplazar la decisión final, fijada originalmente para el pasado miércoles, a fin de analizar con mayor profundidad la propuesta.
Aumentar el impuesto a las emisiones de carbono; incrementar el gravamen a las plataformas digitales, del 10% que propuso originalmente al 19%, igualándolo a la tasa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA); o limitar el uso del “market maker”, para efectos del impuesto a las ganancias de capital, fueron algunas de las propuestas para compensar la menor recaudación por la integración en los dos tramos más altos del Impuesto Global Complementario (US$ 274 millones según cálculos de Hacienda).
Desde Teatinos 120 también se mostraron disponibles para mejorar el régimen especial de tributación para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Esto implica aplicar medidas como la contabilidad simplificada y un aumento en el tope de ventas anuales para acceder al beneficio, pasando de las 50 mil UF anuales ($1.378 millones), que existe en la actualidad, hasta las 75 mil UF ($2.067 millones). Asimismo, incorporaron en su propuesta una nueva fuente de financiamiento para los gobiernos regionales, incluyendo un impuesto de 1% a los grandes proyectos de inversión que se ejecuten en regiones.
Por último, junto con prometer ajustes a la redacción de los cambios a la norma antielusión, el fortalecimiento tecnológico del SII, y nuevos incentivos para aumentar la inversión y el crecimiento, el ministro Larraín se mostró disponible a reducir la exención parcial del IVA a la construcción de 4 mil UF a 3 mil UF, y rebajar el pago de contribuciones para adultos mayores vulnerables y de clase media.
Sin embargo, las medidas no dejaron a todos contentos. A la espera de la decisión que tomen los parlamentarios de la comisión de Hacienda respecto del futuro de la iniciativa -que se conocería en la sesión del próximo miércoles 3 abril según consta en la página web de la Cámara de Diputados-, gremios están alertas por los efectos tributarios que tendrían algunas de las ideas planteadas por el Gobierno.