Un sabor más bien amargo es el que dejaron en el mundo empresarial las indicaciones que introdujo el gobierno al proyecto de ley de reforma laboral, el que ayer inició su votación en particular en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Tras analizar las 24 páginas del documento preparado por el Ejecutivo y que recogió propuestas de parlamentarios, las reacciones se sucedieron con rapidez.

El foco de las inquietudes apuntó principalmente a cambios que, en opinión del mundo privado, confirmaron el carácter sindicalista de la propuesta. Así lo manifestó el análisis realizado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y su presidente, Alberto Salas, quien resaltó que se dejaron fuera materias que son necesarias para una mayor productividad. «Todo lo relativo a los jóvenes, las mujeres, adaptabilidad, no están presentes», dijo.

La CPC valoró algunas de las propuestas, como las relativas a adecuar las multas a prácticas antisindicales según el tamaño de empresa y las que quitan cierta discrecionalidad a la Dirección del Trabajo.

Sin embargo, el gremio recibió con preocupación la eliminación a la condición pacífica de la huelga, el fin de potenciales sanciones a dirigentes sindicales que hayan ejercido la práctica desleal del uso de la fuerza, que no se ponga fin al sindicato del día después, y que, en el caso de los servicios mínimos, se baje el estándar en la definición de éstos. Ante este panorama, Salas espera que las opiniones de la CPC sean escuchadas y consideradas en lo que resta de debate.

La opción de que federaciones de trabajadores puedan negociar colectivamente fue otro cambio criticado por los gremios.

La Cámara de Comercio de Santiago (CSS) interpretó esto como un «guiño» a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), «que insiste en un modelo que daña a las empresas de menor tamaño y/o a los trabajadores de las empresas de mayor tamaño», señaló el secretario general de la entidad, Cristian García-Huidobro.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, dejó en claro que ven con inquietud el hecho que una empresa pueda estar asociada a una federación. «Indudablemente, va a participar de esa negociación, pero su realidad como empresa probablemente puede ser muy distinta al lado de una gran empresa», advirtió.

Una visión similar entregó el presidente de Asimet, Juan Carlos Martínez. «Me parece muy mal desde la perspectiva de las PYME y las medianas empresas, porque cada una tiene distintos problemas, necesidades y realidades».

«Nos parece una mala señal, por cuanto es un primer paso a la negociación colectiva por ramas», complementó el presidente del ChileTransportes, Mauricio Perrot.

Otro punto que causó resquemor fue que se adelantara el plazo de la puesta en marcha de la reforma, desde el año que proponía el proyecto original a los seis meses sugeridos en las indicaciones.

«Sería positivo que las PYME se puedan adecuar con tiempo a los cambios, y por eso, un plazo de alrededor de un año, nos parece prudente», comentó el presidente de la CPC, Alberto Salas.

Esta visión fue compartida por García-Huidobro, quien sostuvo que los doce meses «estaban bien pensados como un modo de atenuar los perjuicios que causará la aplicación de la nueva normativa».

Lo mismo expresaron desde Asimet y ChileTransportes.

Los cambios incluidos a los servicios mínimos tampoco escaparon a las críticas. «Lo que se busca es acotar aún más la propuesta de servicios esenciales y, con ello, restringir más aún la capacidad de maniobra a la hora de ir a huelga», dijo Perrot, palabras que resumen la visión del empresariado.

Críticas de expertos

Abogados y expertos laborales también cuestionaron el tono de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.

Para Huberto Berg las indicaciones obedecen a las «presiones» del Partido Comunista y de la CUT y no presentan ninguna orientación destinada a ser una reforma que incentive el empleo y las buenas relaciones laborales.

En la misma línea, el senior manager de Tax & Legal de PwC, Michel Laurie, sostuvo que el menor plazo para la implementación del proyecto también responde a presiones de este tipo. «Un cambio de esta magnitud requiere que las empresas lo estudien se acomoden y eso toma un tiempo», argumentó.

El investigador de la Fundación Sol, Benjamín Sáez, calificó las propuestas como «una vergüenza», especialmente en lo referente a los servicios mínimos. «Aunque se permita que confederaciones o federaciones negocien directamente la filosofía política sigue siendo la misma: el empleador decide», concluyó.

Listos primeros artículos
La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados inició ayer la discusión en particular del proyecto de reforma laboral del gobierno.
La iniciativa recibió 819 indicaciones, repartidas en 20 personas, de las cuales 113 corresponden al Ejecutivo. Un 64 de los ajustes del gobierno se refieren a temas de fondo de la iniciativa.
Al exponer en la comisión la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, hizo hincapié en que cualquier modificación al libro IV que regula la negociación colectiva es de exclusiva atribución del Ejecutivo, independiente de que los parlamentarios hayan hecho observaciones en esa línea.
De todos modos, la ministra Blanco pidió a la comisión un informe con todas las indicaciones presentadas por los diputados para estudiarlas.
En la sesión de ayer, los legisladores comenzaron la votación de los artículos que no tienen indicaciones. En ese sentido, despacharon los siete numerales del artículo primero del proyecto que regulan las horas sindicales de los dirigentes.
Por unanimidad se decidió suspender la sesión de la comisión a la espera de que los diputados analicen todas las indicaciones presentadas y se vea la posibilidad de refundir algunas propuestas.
Volverán a sesionar el lunes en el Congreso en Santiago a las 15.30 horas.

CUT ve indicaciones como un avance, pero cuestiona negociación por confederación
Por Juan Pablo Palacios

Con sentimientos encontrados reaccionó la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) frente al dossier de indicaciones que el gobierno ingresó al proyecto de reforma laboral. Desde la mirada positiva, su secretario general Arturo Martínez reconoció que «en términos generales el proyecto abordó temas que planteamos cuando fuimos al Parlamento», pero también advirtió que «la negociación por confederación y federación es la copia del Código del Trabajo actual y eso no nos sirve, no tiene relación con lo que hemos planteado».

Sobre los puntos negativos del texto legal, Martínez cree «que los servicios mínimos no deben existir, por mucho que eso se arregle no compartimos los servicios mínimos».

Según las indicaciones ingresadas el lunes por el Ejecutivo a la comisión de Trabajo, los servicios mínimos se mantendrán en la reforma, acotándose su aplicación y se suprimirá la protección a los bienes materiales de la empresa.

El dirigente agregó que «aún tenemos problemas con el piso mínimo», pero admitió que «el tema de los fueros se arregló». Ese último punto era una de las demandas más requeridas por la CUT.

Sobre el plazo de implementación a seis meses, dijo que «no es gran problema porque se deben dictar reglamentos y otras medidas, lo veo como un paso más».

A la hora de hacer una lectura de fondo sobre los cambios, dijo que «el gobierno mandó un mensaje claro de que quería arreglar el proyecto para quitarle todas las atribuciones que tenía el empleador de dirigir sin contrapesos la relación laboral, se le quitó poder a los empresarios repartiéndolo un poco mejor, pero todavía faltan cosas». Añadió que «hay mejoras, pero que son insuficientes aún».

Martínez insistió en que se debe «seguir planteando las indicaciones en el Senado». Por eso, pedirán en el segundo trámite de la reforma que se incluya la negociación ramal y se elimine la adaptabilidad laboral.
Hoy el comité ejecutivo del gremio analizará en detalle cada una de las indicaciones.