A la ofensiva decidieron pasar algunos accionistas extranjeros de SQM en el marco del litigio público que enfrenta a la minera no metálica con Corfo, debido a diferencias de interpretación del contrato entre la empresa y el Estado por el arriendo de pertenencias mineras en el Salar de Atacama.

El malestar es creciente, debido a la actitud que ha tenido Corfo, liderada por su vicepresidente ejecutivo, Eduardo Bitrán, quien incluso anunció esta semana que estudian acciones penales en contra de Rafael Guilisasti, quien asumió como presidente de tres de las sociedades Cascada -mediante las cuales Julio Ponce controla SQM- justo después de renunciar a su cargo de consejero de Corfo.

Altas fuentes ligadas a la minera no metálica confirman que entre los accionistas extranjeros hay molestia por las declaraciones desafiantes de Bitrán y sobre todo por la politización que a su modo de ver ha vivido el proceso. “No es que quieran un trato especial, son inversionistas que decidieron apostar por Chile y sólo quieren que el arbitraje se lleve adelante sin politizar un problema que es contractual”, dice un conocedor de la opinión de estos accionistas extranjeros, los cuales no se han quedado de brazos cruzados: ya se lo han hecho saber tanto al Gobierno como a sus propias embajadas mediante cartas e incluso reuniones que se han producido en las últimas semanas.

Entre los accionistas está PCS, propietaria del 32% de SQM, además de tenedores de bonos y de ADR.

La sensación generalizada entre ellos es que tras la arremetida de Corfo habría una “expropiación en ciernes, por razones que no tendrían sentido”, comentó un conocedor de las tratativas.

En el entorno de SQM aseguran entender que en un contrato como el suscrito con Corfo, puedan surgir diferencias, pero solicitan que el arbitraje funcione. “Las presiones políticas que han ejercido han hecho que el arbitraje no funcione correctamente”, afirma un cercano a la compañía.

El plan de la empresa es separar los temas, avanzar en las investigaciones internas y seguir produciendo. Todo, mientras se enfrenta además el litigio con Corfo, cuestión que está avanzando. Por lo mismo, los pasos de SQM apuntan a fortalecer el directorio nombrado en abril, que cuenta con el respaldo de la canadiense PCS. En efecto, desde abril, cuando asumiera el nuevo gerente general, Patricio Solminihac, la compañía ha entrado en una estrategia para alejarse de la marca “Ponce”.

Sin embargo, la mayor molestia de la plana ejecutiva de SQM radica en la forma en que Corfo ha manejado el arbitraje.

En medio del proceso, el propio vicepresidente Ejecutivo de la corporación ha señalado que no habrá acercamientos con la compañía mientras Julio Ponce sea el mayor accionista.

Medidas extremas

No es una decisión tomada aún, pero una de las alternativas que están sobre la mesa es recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ante la eventualidad de que Corfo insista en dar por cerrado el contrato entre las partes.

Esto, considerando que la interpretación de SQM es que han cumplido al pie de la letra el contrato y que puede ser necesario algún ajuste y que, por ello, una medida extrema como solicitar  el fin del contrato no se justifica.

De hecho, según cálculos internos, desde que comenzara a administrar las pertenencias mineras en cuestión, SQM ha pagado en modo de Royalty US$240 millones. La cifra fue en aumento debido a que la producción en un inicio fue menor, y en el último tiempo ha ido aumentando. Entre US$22 millones y US$25 millones, paga al año por dicho concepto tributario. En efecto, no hay ninguna empresa que aporte a Corfo tal cantidad de recursos extras.

Después de 20 años, SQM ha invertido más de US$2.000 millones, y la certificación de 28 patentes de inversión de procesos mineros.( Pulso)