Con su actuar en el caso Dominga, el Comité de Ministros habría «llegado a su fin», según palabras del ex ministro del Medio Ambiente Pablo Badenier, o «su existencia ya no tendría sustento por no agregar ningún valor a las evaluaciones ambientales», según el ex director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) Jorge Troncoso. La verdad sea dicha: las evidentes falencias procedimentales observadas en esta causa -con su inclusión en tabla fuera de plazo, con la remisión de antecedentes a última hora, con el ministro de Economía retirándose sin votar por falta de tiempo para analizar el tema y con el subsecretario de Hacienda declarando que es lamentable que se tomen decisiones sin hacer el debido análisis- al menos confirman que es necesario revisar su funcionamiento.
Esta fue la conclusión a la que llegó la Comisión Asesora Presidencial para la revisión del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que funcionó por más de un año bajo la dirección del ex ministro Badenier y cuyo trabajo se entregó a la Presidenta de la República a fines del año pasado. Sobre la materia en particular -el funcionamiento del Comité de Ministros-, se analizaron alternativas para su sustitución; se constató un cuestionamiento bastante extendido sobre su actuar político a la hora de resolver recursos de reclamación; se comprobó la escasa asesoría de terceros expertos en su actuar; se reconoció la falta de una definición legal de sus competencias y la necesidad de un mejor estatuto que regule su funcionamiento. Hoy solo existe, sobre esto último, una resolución de la Dirección Ejecutiva del SEA.
La Comisión Asesora propuso que se mantuviera el Comité de Ministros como instancia superior del SEA, pero que se creara una Secretaría Técnica para apoyar su labor, coordinar el trabajo de los ministerios que lo conforman y entregar antecedentes que contribuyan a una mejor resolución. Además, se propuso crear un panel de expertos para apoyar a la Secretaría Técnica, mejorar el reglamento interno de funcionamiento explicitando un procedimiento más transparente y la forma en que debe ser fundamentada la votación de sus miembros, además de otros temas vinculados con plazos y plataformas tecnológicas.
Hallazgos como las sugerencias de la citada comisión permiten entender que el Comité de Ministros, en su funcionamiento actual, tiene múltiples flancos abiertos o espacios de discrecionalidad que le pueden hacer perder el verdadero sentido y alcance para el cual fue incorporado en la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Cuando esta instancia se aleja de su rol eminentemente técnico, ocurre lo que hemos presenciado esta semana, una evidente instrumentalización, con toda la gravedad que ello importa.
Ya veremos las acciones legales de los titulares del proyecto, pero a la luz del actuar y las declaraciones del ministro de Economía, así como de las del subsecretario de Hacienda, que dan cuenta de la falta de rigurosidad en el actuar del Comité y que dejan en muy mal pie la conducción de quien lo preside, el ministro del Medio Ambiente, creo que la instancia ha quedado malherida y que, a menos que se acojan e implementen las propuestas señaladas, los titulares de nuevos proyectos relevantes deberán contar con altas cuotas de tolerancia a la frustración para someterse a un sistema que puede caer en la arbitrariedad sin muchas dificultades.
Joaquín Villarino
Presidente ejecutivo Consejo Minero
( El Mercurio)