Seis años lleva ya en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) Cristián Franz, la entidad que fiscaliza el cumplimiento de la normativa ambiental.

El titular de este organismo -una de las pocas autoridades nombradas en la era Bachelet y ratificada por la nueva administración por la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos- plantea que ya es tiempo de hacer algunos cambios normativos.

Aprovechando los cambios que se prevé tenga la institución medioambiental chilena, Franz plantea algunos ejes que cree conveniente revisar de las atribuciones y funcionamiento de la SMA: ceder la jurisdicción de las infracciones por ruidos en fiestas y celebraciones religiosas a los municipios; tener procesos sancionatorios abreviados; que la entidad pueda pedir rectificaciones exprés sin entrar a sumariar a una empresa; y coordinarse mejor con las entidades que realizan la evaluación ambiental, de manera que las resoluciones ambientales contengan parámetros que sean realistamente fiscalizables.

«Llegó la hora de introducir algunos perfeccionamientos a nuestro modelo de fiscalización ambiental y que esto se haga entre este año y el 2021», dice Cristián Franz.

De las 1.499 denuncias que recibió la SMA en 2017, el 49,6% fue por sonidos excesivos o molestos, el 14,9% por calidad del agua, otro 4,74% por la calidad del aire, y 4% por malos olores, cuenta. Y de las reclamaciones por excesos acústicos, gran parte corresponde a reclamos por pubs o celebraciones religiosas.

«Es un sinsentido que tengamos que fiscalizar una reunión de templos evangélicos, cánticos o celebración de ritos. Sobre todo porque la multa mínima que imponemos es una UTA, es decir, sobre $540.000», señala Franz. A su juicio, este tipo de denuncias debiera salir del ámbito de la SMA y caer en el de los municipios, para que la SMA pueda enfocarse en irregularidades más del sector industrial: ruido de calderas, instalaciones fabriles, etc., argumenta. Para ello solo necesita cambiar el decreto supremo N° 38, que regula la norma de ruido.

Además, la autoridad explica que «es fundamental que la SMA cuente con procesos sancionatorios abreviados, ya que estamos enfrentando serias dificultades para sancionar o someter a proceso sancionatorio infracciones que son muy pequeñas y no justifican activar el proceso, que involucra muchos recursos y mucho tiempo». Por ejemplo, «cuando en Temuco en una villa la señora Juanita usa leña húmeda y contamina», resume Franz, sobre todo cuando la multa mínima ($540.000) es alta para ese hogar. Por ello, insta a tener procesos cortos y bajar la multa mínima, aproximándola a una UTM ($26.000 aproximadamente). Esto requiere una modificación legal.

La entidad plantea, además, que la SMA pueda pedir rectificaciones exprés o «herramientas de corrección temprana», cuando los hallazgos no son graves y pueden ser subsanables sin entrar en el proceso sancionatorio.

«Hay RCA que no son fiscalizables»

Cristián Franz pide también coordinarse mejor con el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). «El SEA debiera tener la capacidad de imponer obligaciones y condiciones en la RCA que sean muy fiscalizables, que nos haga más sencilla la tarea en la SMA», señala.

Y agrega: «Hoy la RCA tienen condiciones de distinto tipo, en función de las regiones que la hayan dictado; no son uniformes y los criterios varían. También hay RCA que son inconsistentes en sí mismas, en que la evaluación ambiental dice una cosa, en la Adenda otra y en la RCA dice una tercera cosa. En una dice 100, en otra 1.000 y en otra, 10.000. Por eso, hay RCA que no son fiscalizables».

El fiscalizador explica que eso se debía a que en las décadas pasadas se operaba con el criterio, por parte de las empresas, «de sacar la RCA lo más pronto posible y luego arreglamos la carga en el camino».

Esto, señala el titular de la SMA, ha ido quedando en el camino y «la actitud de las industrias ha variado sustancialmente, y hoy las empresas son más conscientes de la importancia de cumplir con las obligaciones ambientales, porque hay una institución que las fiscaliza y hemos dado señales no solo sancionatorias, sino también porque tenemos alternativas para modificar su conducta y lograr cumplir la norma, como son los Programas de Cumplimiento (PDC)».

Entre 2014 y 2018, los PDC que subsanan los problemas y cumplen las normas ambientales, suman US$ 245 millones, el último de los cuales es el de Alto Maipo, que suma US$ 45 millones. Mientras, las multas entre 2014 y 2017 totalizan US$ 63 millones.

Eso refuta, señala Franz, la opinión de ciertos sectores de que la SMA no tiene una actitud colaborativa con el sector privado, porque se han reunido con todos los gremios y han realizado numerosos talleres educativos, buscando soluciones. «Nadie podría decir que nosotros estamos acechando a los titulares o a las empresas para dejarnos caer en la oscuridad de la noche… la actitud nuestra ha sido exactamente la contraria».

Eso sí, señala que las propias empresas saben que el estándar ambiental se elevó y que las normas hay que cumplirlas. «Ya el laissez faire quedó en el olvido», remata Franz.

Todos estos cambios planteados se pueden hacer aprovechando que la institucionalidad está reformándose, con relación al cambio al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sostiene el titular de la SMA.

La SMA funciona como tal desde diciembre de 2012 y recién este año tendrá presencia en todo el territorio nacional, dado que el año pasado se abrieron 9 oficinas regionales y durante 2018 se inaugurarán tres nuevas sedes, en Arica y Parinacota, Araucanía y Magallanes.

«El desempeño de la gran minería en Chile es bueno y es sustancialmente mejor que en otros países de la región»

En cuanto a las multas, las más elevadas que ha impuesto la SMA fueron a mineras: Caserones y, en segundo lugar, Pascua Lama, de Barrick, aunque en este último caso la multa está reclamada en tribunales (ver infografía).

«Pascua Lama con la sanción de clausura total y definitiva ya no existe más, no puede realizarse. Otro proyecto, distinto, subterráneo o de otro tamaño, puede hacerse, pero debe ingresar al SEIA. Nosotros no le pusimos candado a ese territorio, le pusimos candado al proyecto que Barrick evaluó ambientalmente y empezó a construir sin cumplir con las condiciones que se le impusieron. Ese proyecto Pascua Lama se acabó».

¿Pero son las mineras el sector más infractor? «No», responde tajante Cristián Franz. «Las mineras aparecen con las multas más altas porque son operaciones de una escala sobrenatural: en una minera no solo está la mina, el rajo, el pit; tienen la planta de tratamiento; el campamento, que puede albergar cuatro mil o seis mil personas, y que posee sus propias plantas de agua potable y aguas servidas; tienen carreteras y caminos; líneas eléctricas de cientos de kilómetros; ductos que contienen concentrados; trenes que llevan cobre, y puertos para embarcar los productos. Obviamente, con esa magnitud, nos vamos a encontrar con más infracciones que si fiscalizáramos un plantel de aves».

En general, señala el fiscalizador, los tres sectores con más infracciones ambientales son la agroindustria, especialmente planteles de cerdo y de aves; la minería y el sector energético.

«Ha habido excepciones, pero el desempeño de la gran minería en Chile es bueno y es sustancialmente mejor que en otros países de la región», dice el superintendente.

Hay RCA que son inconsistentes en sí mismas, en que la evaluación ambiental dice una cosa, en la Adenda otra y en la RCA dice una tercera cosa. En una dice 100, en otra 1.000 y en otra, 10.000. Por eso, hay RCA que no son fiscalizables». ( ElMercurio)