La Sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado una moción parlamentaria orientada a restringir la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas de contaminación. Para ello se propone introducir una modificación a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El proyecto se presentó en 2017 y avanzó recientemente en su legislación, a propósito de lo sucedido en Puchuncaví-Quintero y en las denominadas zonas de sacrificio ambiental. De los 60 votos a favor de la iniciativa, todos fueron de la oposición, salvo Christian Moreira de la UDI; mientras los 36 rechazos correspondieron a Chile Vamos; y otros 10 diputados se abstuvieron, entre otros, los DC Matías Walker y Miguel Calisto; además de la RN Paulina Núñez.

Se trata de un artículo único. Establece que todo proyecto requerirá de la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental; además, que los proyectos que generen emisiones que representen un aporte superior al 1% de los contaminantes (en consideración a la norma ambiental establecida y a la declaración de zona correspondiente), así como aquellos que generen energía en base a combustibles fósiles, no podrán ser admitidos a tramitación.

Y añade que los organismos del Estado a cargo de la evaluación y coordinación de los procesos de evaluación de impacto ambiental deberán promover medidas y propuestas dirigidas a prevenir el perjuicio de la calidad del aire.

El debate de la propuesta fue complejo. Tanto en el hemiciclo como en la tribuna se observaron posiciones enfrentadas sobre la propuesta, inicialmente transversal. Fue ingresada con firmas de parlamentarios RN, UDI, PS y del PPD; sin embargo, luego de una indicación de la oposición con el Frente Amplio, la idea original mutó, haciéndola más restrictiva. Eso hizo quebrar el consenso inicial en torno a la moción.

La discrepancia se fundó principalmente al ser suprimido el concepto compensatorio, pasando a condicionar la instalación de nuevos proyectos al cumplimiento de ciertos requisitos. Ante eso, el oficialismo objetó los cambios y anunció reserva de constitucionalidad.

Para una de las impulsoras de la indicación, Catalina Pérez (FA), se logró que «todo proyecto deba pasar por una evaluación ambiental. Pese a los votos en contra del Ejecutivo, logramos aprobar la indicación». Por el contrario, la ministra del Medio Ambiente Carolina Schmidt, expresó su apoyo a la propuesta original.

Abstención
Dos parlamentarios de la DC se abstuvieron de votar la iniciativa. (ElMercurio)